El objetivo de aumentar la recaudación con neutralidad fiscal parece razonable, pero el diseño de la reforma presenta deficiencias que podrían comprometer su efectividad y equidad. Si bien, reducir la tasa del impuesto corporativo del 27% al 25% es un paso positivo, este beneficio se ve limitado por la incorporación de nuevos gravámenes, como el impuesto del 4% a la distribución de dividendos y el 16% a las rentas de capital.
Sobre la carga tributaria máxima que soportarán las grandes empresas ésta alcanzará un 39,5%, lo que, si bien está en línea con la mediana de los países OCDE, otros factores como los costos administrativos, la complejidad tributaria y la percepción de estabilidad en el sistema pueden influir negativamente en la inversión y competitividad internacional.
En cuanto a las PYMES, el aumento de la tasa al 25%, incluso con un transitorio 17% sujeto a condiciones macroeconómicas, representa un obstáculo para su desarrollo, pues este enfoque no considera las diferencias en la capacidad contributiva entre pequeñas y medianas empresas, y las grandes corporaciones. Una alternativa más equitativa sería implementar un incremento gradual de la tasa basado en los ingresos de las PYMES, permitiendo que las empresas con menores ingresos tributen a tasas reducidas mientras aumentan su capacidad económica, fomentando así el crecimiento sostenible evitando un alza brusca en la carga tributaria.
Carta al director desarrollada por Gisel Chamblas Asesora Tributaria de Auditeris y publicada por Diario Financiero
